Pleno de la CS ordena abrir investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Poder Judicial que cobraron bono de protección a la clase media.

El Pleno de la Corte Suprema ordenó a las Cortes de Apelaciones del país y a la Fiscalía del máximo Tribunal abrir investigaciones disciplinarias a los funcionarios que cobraron el aporte fiscal de apoyo a la clase media establecido en la ley 21.252, el que tenía como requisito tener un estado de cesantía o disminución de ingresos.

La resolución de Pleno 920-2020 establece que: «Teniendo especialmente en consideración el deber de probidad exigible a todos los integrantes del Poder Judicial, se resuelve: Remitir a las Cortes de Apelaciones del país la nómina de los funcionarios pertenecientes a cada una de las respectivas jurisdicciones, para que se instruya una investigación administrativa – al tenor de lo previsto en el acta 108-2020- sobre las circunstancias y demás antecedentes tenidos en cuenta para que los citados funcionarios solicitaran y percibieran el referido beneficio, la que deberá estar a cargo del Fiscal o Fiscala Judicial que dicha Corte designe. Con el mismo objeto indicado precedentemente, remítase a la Fiscala Judicial de la Corte Suprema la nómina correspondiente a los funcionarios de este tribunal, que figuran en la documentación acompañada» .