Pretenden inaplicabilidad de normas de Decreto que establece Libertad condicional, pues vulnerarían el principio de la irretroactividad de la ley penal.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 2°, inciso primero; 7°; 9°, del D.L. N° 321, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad; y artículo 1°, numeral tercero de la Ley N° 21.124.

El primer precepto impugnado establece, en síntesis, que toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional. Por su parte, la segunda disposición recurrida expresa que “El condenado en libertad condicional que fuere condenado por ebriedad o por cualquier delito, que se ausentare sin autorización del lugar que se le haya fijado como residencia, que se comportare mal o no asistiere con regularidad al taller donde trabaje y a una escuela nocturna, o no se presentare sin causa justificada, durante dos semanas consecutivas a la prefectura de policía, ingresará nuevamente al establecimiento penal que corresponda, a cumplir el tiempo que le falte para cumplir su condena; y solo después de haber cumplido la mitad de este tiempo, volverá a tener derecho a salir en libertad condicional, en las mismas condiciones y con las mismas obligaciones señaladas” y “ Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que esta se pronuncie dentro del plazo de 15 días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional. En caso de revocación del beneficio, la comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y solo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en este decreto ley”.

Enseguida, el tercer artículo impugnado indica que “Para los efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación”. Finalmente, el último precepto recurrido expresa que “A los condenados a más de veinte años se les podría conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho quedara fijada en veinte años”.