TJUE declara que los fiscales de Países Bajos no pueden ejecutar órdenes de detención europea (ODE).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en torno a un procedimiento de petición de decisión prejudicial, se manifestó sobre el alcance del término “autoridad judicial de ejecución”, contenido en la Decisión Marco 2002/584, declarando que los fiscales de la ciudad de Ámsterdam no constituyen dicho tipo de autoridad, dado que no son órganos independientes y pueden recibir instrucciones individuales del Ministerio de Justicia neerlandés.

El conflicto nace de una orden de detención europea (ODE) emitida en Bélgica en 2017, contra un nacional belga, a quien se imputaban delitos de falsedad documental, uso de documentación falsa y estafa. El acusado fue detenido en la ciudad de Ámsterdam y la Fiscalía de Ámsterdam hace entrega a las autoridades de Bélgica al detenido y que condenado a una pena de tres años en Bélgica.

En el proceso de detención, la Fiscalía de Ámsterdam realiza una renuncia expresa al principio de especialidad de la Decisión Marco 2002/584, facultad que dicho cuerpo normativo entrega solo a una “autoridad judicial de ejecución” del Estado parte.