Diario Constitucional

Decaimiento del acto administrativo.

Tercer Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación que pretende invalidar la Calificación Favorable de proyecto de encalado de lodos.

Los reclamantes alegan, en primer lugar, que fueron testigos de un procedimiento administrativo, que finaliza viciado por una tardanza excesiva e inexcusable.

Por Redacción·05 de diciembre de 2020·3 min de lectura
Sólo los actos administrativos terminales pueden impugnarse ante el Tribunal Ambiental.
Referencial

El Tercer Tribunal Ambiental ha declarado la admisibilidad de una reclamación deducida en contra de una resolución emitida por la COEVA del Bío Bío, que resuelve rechazar la solicitud de invalidación deducida por 2 juntas de vecina de Membrillar, de la calificación favorable del proyecto “Galpón de Encalado de Lodos Cavrero”, de Biodiversa S.A.

Los reclamantes alegan, en primer lugar, que en el caso sublite, fueron testigos de un procedimiento administrativo iniciado a petición de parte, que finaliza viciado por una tardanza excesiva e inexcusable, que refleja un estado de antijuricidad del mismo, conductas que constituyen una especie de decaimiento del proceso administrativo. En particular, señalan que mediaron más de 25 meses desde la época en que la COEVA dictó la resolución exenta que calificó favorablemente el proyecto y la época en que decidió no ejercer su potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 19.880. Además, mediaron 23 meses desde el ingreso de la solicitud de invalidación de las reclamantes y la época en que resuelve su rechazo, es decir, casi cuadruplicó los plazos a que se encontraba obligada conforme lo prevenido en los artículos 23 y 27 de la Ley N° 19.800.

En este mismo sentido, insisten que se hace evidente que el rechazo a su solicitud de invalidación, se efectúo en un contexto de: (1) un procedimiento administrativo notoriamente viciado por el excesivo transcurso del tiempo, en un estado de antijuricidad por parte de la Administración, donde ha existido una tardanza inexcusable para resolver; (2) que en tal sentido la resolución exente debe también ser invalidada, por dictarse fuera del plazo de caducidad, no teniendo a la fecha de su dictación competencia la autoridad para resolver; iii) finalmente procede el reconocimiento judicial del silencio administrativo positivo alegado previamente ante el Órgano Contralor.

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