El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) —ente internacional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Santiago de Chile— dará a conocer este viernes 18 de diciembre los resultados de una investigación liderada por la institución, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLf), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Defensoría Jurídica de dicha universidad, que evalúa el comportamiento del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social del 18 de octubre de 2019.
El reporte será presentado a las 11:00 am, hora local, por Jaime Arellano, Director Ejecutivo de CEJA; Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; y Marco Fandiño, Director de Estudios y Proyectos de CEJA.
El trabajo de investigación, que se prolongó durante seis meses, contó con la realización de estudios de caso en causas emblemáticas; solicitudes de información estadística a las instituciones del sistema de justicia; realización de entrevistas a operadores del sistema judicial y de la sociedad civil, así como entrevistas y talleres de validación con expertos en la materia.
El estudio se compone de tres grandes dimensiones. La primera —que será presentada el viernes 18 de diciembre— tiene por objetivo evaluar cuál ha sido la capacidad del sistema de justicia penal chileno para investigar las graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el país en el contexto de la protesta social de 2019, de acuerdo con los estándares internacionales existentes en la materia.
Durante el próximo año se publicarán las dos siguientes dimensiones del estudio, que están relacionadas con la judicialización de casos derivados de la protesta social y el control judicial del uso de la fuerza.
El primer reporte
En esta primera parte de la investigación, el análisis se focaliza en la etapa de investigación de las violaciones de derechos humanos a 14 meses del inicio de estas. Por ese motivo, gran parte del estudio está focalizado en el Ministerio Público, en su calidad de organismo a cargo del ejercicio de la acción penal, y en los organismos auxiliares como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Consideraciones sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial serán formuladas en un segundo informe que será publicado en 2021.
A continuación, se detallan algunos de los hallazgos principales del informe que será presentado el 18 de diciembre:
Con carácter general se advierte un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.
El incumplimiento del principio de oficiosidad es evidente tras comprobar que solo 178 de las 8.827 investigaciones en la materia han sido iniciadas de oficio por la Fiscalía. Los factores determinantes para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones han sido la presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía. A pesar de ello, existen buenas prácticas detectadas como el establecimiento de mecanismos extraordinarios para la recepción de denuncias por las víctimas o la interlocución con organizaciones de la sociedad civiles, a través de la unidad especializada en derechos humanos del Ministerio Público.
El incumplimiento del principio de oportunidad se justifica por diversos elementos: la inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata prestando especial atención a la preservación de la escena del crimen; el incumplimiento de la obligación de realizar la investigación en un plazo razonable (tras 14 meses, sólo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas) y el incumplimiento de la obligación de realizar la investigación de manera propositiva, ya que, en su mayoría, los casos que han tenido un mayor nivel de avance ha sido gracias al impulso de víctimas y querellantes.
El incumplimiento del principio de exhaustividad se hace notorio tras el análisis de diversos aspectos: el débil rol del Ministerio Público garantizando una adecuada recolección de la evidencia en la escena del crimen; la inobservancia de la obligación de analizar el contexto en que concurren las violaciones con el fin de identificar patrones de sistematicidad; las dificultades para garantizar la veracidad de la prueba documental y la celeridad en la obtención de pruebas testimoniales y la inobservancia de la obligación de que la investigación esté destinada a sancionar a todas las personas responsables, ya que hasta el momento la acción penal se ha dirigido casi exclusivamente hacia los autores materiales, principalmente escalafones inferiores de Carabineros de Chile.
Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la Fiscalía). Se han identificado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público.
Una parte importante de las falencias detectadas en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos están relacionadas con problemas en el diseño normativo e institucional del Ministerio Público de Chile, que a diferencia de la mayoría de los países de América Latina no cuenta con una fiscalía especializada para la investigación de violaciones graves de derechos humanos. Además, no hay evidencia de que la política de persecución penal del Ministerio Público se haya focalizado en las violaciones de derechos humanos, ya que no ha existido una asignación considerable de recursos para estos casos y no se han establecido indicadores de gestión en esa dirección.
Sin perjuicio de lo anterior, se valora positivamente la apertura y la interlocución sostenidas entre Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional con las organizaciones sociales.
Por otro lado, el Servicio Médico Legal, que está a cargo de las pericias necesarias en este tipo de casos, presenta graves problemas de debilidad institucional y no se resguarda de manera adecuada su autonomía al depender del Poder Ejecutivo.
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Principales recomendaciones
A la vista del incumplimiento generalizado de los estándares internacionales para investigar las violaciones graves de derechos humanos, desde el CEJA, DPLF, el Centro de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, recomiendan, entre otras medidas:
- La creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),que acompañe la investigación y persecución penal que desarrollan las instituciones nacionales en las violaciones de derechos humanos.
- Crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos con competencia en todo el territorio nacional para investigar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos. Esto se debería realizar en el contexto de una reestructuración más amplia del Ministerio Público.
- Acelerar el proceso de reforma o refundación de Carabineros de Chile y generar una intervención civil urgente de la institución para respetar la garantía de no repetición de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
- Que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal preste especial consideración a la agilización de las investigaciones y a la obstrucción de las investigaciones por parte de Carabineros de Chile, con el objetivo de evitar la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.
- Implementar un Programa de Reparación Integral que atienda a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, con carácter urgente y que permita garantizar su derecho a una reparación integral y efectiva.