El estudio señala que en abril próximo se elegirá por primera vez en nuestro país el nuevo cargo de gobernador regional. A medida que se acerca la fecha de la elección, se mantiene en el debate dos elementos centrales de todo cargo: las atribuciones que tendrá y cómo se financiará. Cuando se discutió la reforma constitucional que crea el cargo de gobernador regional y estableció su elección, se levantaron distintas voces indicando que las atribuciones eran escasas y que se debía profundizar en ello. Pero como nunca se alcanzó un acuerdo al respecto, se mantienen las atribuciones fijadas inicialmente y que para muchos resultan escasas.
En cuanto a financiamiento, la publicación señala que los fondos gastados por los gobiernos regionales en su mayoría provienen de recursos transferidos desde el gobierno central, en el marco de la Ley de Presupuestos, con importantes espacios de discrecionalidad. Y si bien la Ley de Presupuestos para el año 2021 mantiene las mismas lógicas aplicadas en un contexto de autoridades regionales nombradas por el Presidente de la República, ello debe cambiar a más tardar el año 2022. Con autoridades regionales electas, es decir, con independencia democrática de las autoridades del gobierno central, los criterios de asignación regional de los recursos deben estar previamente definidos y no depender de la voluntad de la autoridad de turno.
Como respuesta a esa necesidad, a fines de septiembre el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional que busca limitar esa discrecionalidad, creando dos nuevos fondos: el de Apoyo a la Contingencia Regional y el de Equidad Interregional. Estos fondos se suman al actual Fondo Nacional de Desarrollo Regional, estableciendo con ello tres canales de asignación de recursos para inversión a los gobiernos regionales sobre la base de criterios más objetivos que los actuales, señala la publicación
En cuanto al gasto en funcionamiento, la iniciativa plantea que en personal no se puede gastar más que un 75% del total de los recursos transferidos para funcionamiento, límite que hoy sobrepasan 10 de los 16 gobiernos regionales.
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Concluye la publicación, señalando que el proyecto de ley relativo a financiamiento de los gobiernos regionales y que está comenzando su tramitación en el Congreso va en la dirección correcta. Reduce los espacios de discrecionalidad en la asignación de recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales, quienes a partir de abril contarán con autoridades regionales electas. Resulta importante que en las sucesivas leyes de presupuestos se respete el espíritu de la reforma propuesta, en cuanto a que efectivamente los recursos se canalicen a través de estos dos nuevos fondos que se vienen creando y cuya distribución entre regiones debe realizarse en base a criterios objetivos y no continuar con la antigua práctica de ir creando nuevos programas de transferencia de recursos a los gobiernos que entregan importantes espacios de discrecionalidad a la autoridad central.