El TC austriaco ordenó al Ministro Federal de Justicia remitir el “video de Ibiza” y las transcripciones asociadas descubiertas (no ennegrecidas) al comité de investigación, constituido por el Congreso, del “Caso Ibiza”.
El “Caso Ibiza” es un escándalo de corrupción que dice relación con un video en que un político austriaco aparece ofreciendo contratos públicos a una supuesta millonaria rusa, a cambio de financiación ilegal. En específico se trata de Heinz-Christian Strache, líder del Partido de la Libertad (FPO, por sus siglas en inglés), quien presuntamente ofrecía contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio de financiación ilegal y de ayuda para ganar las elecciones. El video fue grabado en Ibiza antes de las elecciones anticipadas de octubre de 2017, ganadas por el actual Canciller de Austria, y quien habría nombrado al político imputado como Vicecanciller.
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La Magistratura Constitucional señaló que, de acuerdo a la Ley Constitucional Federal de la Constitución austriaca, entre otras cosas, dispone que los órganos federales están obligados a presentar sus archivos y documentos en la medida del objeto de la investigación a una comisión designada por el Congreso para tal función (U-Committee). Los archivos o documento solicitados para una investigación, primero, deben ser evaluados por el organismo requerido de presentarlos. Éste puede negarse a presentarlos, bajo la justificación de que los archivos o documentos en cuestión ni siquiera pueden ser abstractamente relevantes para el objeto de la investigación; tal afirmación tendría que ser argumentada detalladamente. Sin embargo, el Ministro de Justicia no ha cumplido con esta obligación.
A mayor abundamiento, la Corte Constitucional señala que, tanto el video como las transcripciones se han presentado con varias portadas (ennegreciendo cierta información). Los pasajes censurados – según un expediente de la Fiscalía Económica y de Corrupción – podrían vulnerar derechos personales o poner en peligro alguna investigación, o el material no es relevante para le investigación penal, y por lo tanto no forma parte del expediente de investigación del fiscal responsable. Sin embargo, el hecho que no hayan sido incorporados formalmente en la investigación del Fiscal, no justifica la negativa de presentar estos documentos a la Comisión Investigadora.
Se hace presente que la decisión del Tribunal Constitucional no impide al Ministro Federal de Justicia exigir al presidente de la Comisión Investigadora que inicie un procedimiento de consulta. Como parte de dicho procedimiento, se puede acordar por escrito, entre otras cosas, que cuando se presenten archivos y documentos, se tendrán en cuenta las actividades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mediante “medidas apropiadas”, de acuerdo al reglamento de las comisiones de investigación parlamentarias. En caso de que no se llegue a un acuerdo, tanto el Ministro como el Comité pueden recurrir al Tribunal Constitucional.
vea texto íntegro de la sentencia (en alemán).