Diario Constitucional

"Caso Ibiza".

Tribunal Constitucional de Austria ordenó a Ministro de Justicia entregar versión completa de grabación de ex vicecanciller en caso de corrupción.

El “Caso Ibiza” es un escándalo de corrupción que dice relación con un video en que un político austriaco aparece ofreciendo contratos públicos a una supuesta millonaria rusa, a cambio de financiación ilegal.

Por Redacción·28 de diciembre de 2020·2 min de lectura
Tribunal Constitucional de Austria ordenó a Ministro de Justicia entregar versión completa de grabación de ex vicecanciller en caso de corrupción.
Referencial

El TC austriaco ordenó al Ministro Federal de Justicia remitir el “video de Ibiza” y las transcripciones asociadas descubiertas (no ennegrecidas) al comité de investigación, constituido por el Congreso, del “Caso Ibiza”.

El “Caso Ibiza” es un escándalo de corrupción que dice relación con un video en que un político austriaco aparece ofreciendo contratos públicos a una supuesta millonaria rusa, a cambio de financiación ilegal. En específico se trata de Heinz-Christian Strache, líder del Partido de la Libertad (FPO, por sus siglas en inglés), quien presuntamente ofrecía contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio de financiación ilegal y de ayuda para ganar las elecciones. El video fue grabado en Ibiza antes de las elecciones anticipadas de octubre de 2017, ganadas por el actual Canciller de Austria, y quien habría nombrado al político imputado como Vicecanciller.

La Magistratura Constitucional señaló que, de acuerdo a la Ley Constitucional Federal de la Constitución austriaca, entre otras cosas, dispone que los órganos federales están obligados a presentar sus archivos y documentos en la medida del objeto de la investigación a una comisión designada por el Congreso para tal función (U-Committee). Los archivos o documento solicitados para una investigación, primero, deben ser evaluados por el organismo requerido de presentarlos. Éste puede negarse a presentarlos, bajo la justificación de que los archivos o documentos en cuestión ni siquiera pueden ser abstractamente relevantes para el objeto de la investigación; tal afirmación tendría que ser argumentada detalladamente. Sin embargo, el Ministro de Justicia no ha cumplido con esta obligación.

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