Empresa solicita se declare inaplicables normas que le impiden contratar con el Estado, en causa en la que es demandada por vulneración de derechos fundamentales por un trabajador que se desempeña en el marco de un contrato con la Municipalidad de San Felipe.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final del Código del Trabajo.

El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”. Por su parte, el segundo artículo impugnado, expresa que copia de dicha sentencia deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo y que dicho organismo, tendrá que llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de nulidad, en los que la empresa requirente fue demandada por un trabajador que se desempeña como chofer de recolección de residuos el marco de un contrato de concesión de servicios con la Municipalidad de San Felipe.