Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final del Código del Trabajo.
El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”. Por su parte, el segundo artículo impugnado, expresa que copia de dicha sentencia deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo y que dicho organismo, tendrá que llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de nulidad, en los que la empresa requirente fue demandada por un trabajador que se desempeña como chofer de recolección de residuos el marco de un contrato de concesión de servicios con la Municipalidad de San Felipe.
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La empresa requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley, toda vez que, esta parte no discute la legitimidad constitucional del fin perseguido por el legislador al establecer la sanción accesoria contenida en el artículo 4° de la Ley 19.886. Pero sí la desproporción de la sanción de inhabilidad temporal de contratación con el Estado, tomándose en cuenta la entidad del reproche que se formula a la Empresa. En efecto, de la relación que se ha hecho de la discusión del fondo puede desprenderse que el reproche que la juez de la instancia ha hecho a la Empresa es, más bien, una actitud de mera tolerancia de los malos tratos que le habrían proferido al actor, por su condición de sobrepeso. Esos tratos de los compañeros de trabajo y, en algún caso, de supervisores de la unidad operativa -inadecuados y no acordes con las relaciones propias de un lugar de trabajo- las tuvo por acreditadas únicamente a partir del informe de conclusiones jurídicas realizadas por la Inspección del Trabajo. Asimismo, considera vulnerado el debido proceso, puesto que la Empresa no ha tenido en el proceso laboral la posibilidad de discutir acerca de la procedencia o duración de la inhabilidad temporal prevista en el inciso 1º del artículo 4 de la ley 19.886, toda vez que no se contempla una oportunidad para hacerlo. Los preceptos impugnados hacen inmediatamente aplicable la sanción de prohibición de contratación con organismos de la Administración del Estado, de manera que se trata de una sanción que se establece de plano.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 10018-20.