CGR desestimó denuncia de Asociación Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral, pues no se advierte vulneración a los principios de probidad, transparencia y objetividad en el actuar de dicho Instituto.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral, en la que denuncia una eventual falta de probidad, transparencia y objetividad por parte de las autoridades de ese servicio en las situaciones en que a esa institución le corresponde actuar, por un lado, como administrador del seguro social a que se refiere la ley N° 16.744 y, por otro, como eventual responsable de investigar y sancionar las conductas constitutivas de acoso laboral que podrían sufrir sus servidores.

En particular, se refiere a la situación que habría afectado a doña Alejandra Cruces Vargas, ex funcionaria de esa institución, quien, al haber demandado al servicio, en procedimiento de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por las conductas de acoso laboral que señala, el Instituto de Seguridad Laboral -ISL- habría sido su contraparte en el litigio y, además, simultáneamente, la institución encargada de calificar como profesional la enfermedad que la aquejaba, debiendo prestar los servicios propios del seguro social que administra. Frente a tal situación, solicita el inicio de un procedimiento disciplinario para investigar las eventuales responsabilidades administrativas que podrían derivar de estos hechos.

Requerido de informe, el ISL manifestó, en síntesis, que, si bien la situación planteada podría resultar compleja, no existiría ningún impedimento legal para que ese servicio pueda ejercer sus atribuciones como administrador del seguro social por el que se consulta y como demandado en un juicio por tutela laboral como el señalado por la solicitante.