La iniciativa, patrocinada por las Diputadas Daniella Cicardini, Cristina Girardi Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini y Catalina Pérez, en conjunto con los Diputados Boris Barrera, Jorge Brito, Miguel Crispi y Giorgio Jackson, modifica el Código Penal, el Decreto N°890, sobre “Seguridad del Estado” y la Ley N°20.931, que “Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”, con el fin de suprimir del ordenamiento jurídico normativas que vulneran garantías fundamentales que no cumplen con los estándares mínimos de un sistema democrático.
El proyecto expone que los movimientos sociales de los últimos años han puesto de manifiesto la existencia de herramientas penales que se han utilizado para la neutralización de adversario políticos, silenciar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social y para estigmatizar a sectores de la población que ven vulneradas sus garantías constitucionales por parte de la policía. Entre aquellas herramientas se encuentra la Ley de Seguridad del Estado que, según informes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y del Instituto de Derechos Humanos de Chile, se ha utilizado con fines políticos en contra de las luchas sociales y las reclamaciones de los pueblos indígenas.
Según los autores de la moción, otra de las herramientas que vulneran garantías fundamentales es la Ley N°21.208 denominada “ley antibarricadas”, la cual no ha cumplido su objetivo inicial y ha sido utilizada con un fin más político-comunicacional que de protección del orden público, vulnerando el derecho de protesta, a reunirse pacíficamente y de libertad de expresión de un centenar de personas.
La tercera herramienta es el control preventivo de identidad el cual consideran que no es una herramienta idónea para asegurar la seguridad nacional y restringe la garantía constitucional de libertad personal, al autorizar a las policías a tratar de forma arbitraria y discriminatoria sectores determinados de la población basados en prejuicios.
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Con el fin de eliminar estas tres herramientas que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la iniciativa propone derogar: El artículo 268 septies del Código Penal, el Decreto N°890 que fija texto actualizado y refundido de la Ley N°12.927 sobre seguridad del Estado y el artículo 12 de la Ley N°20.931.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Vea texto íntegro del Boletín 14.000-07 y siga su tramitación aquí.