Diario Constitucional

Derecho adquiridos.

Apelan ante el Tricel sentencia del TER de La Araucanía que acogió la impugnación contra candidatura a reelección a Alcalde de Pucón.

El recurso arguye que la resolución recurrida yerra porque confunde instituciones de derecho público y extrapola los parámetros de la restricción legal más allá de lo establecido en la reforma constitucional.

Por Redacción·07 de febrero de 2021·3 min de lectura
Apelan ante el Tricel sentencia del TER de La Araucanía que acogió la impugnación contra candidatura a reelección a Alcalde de Pucón.
Referencial

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá pronunciarse respecto de un recurso de apelación deducido en contra de la sentencia del TER de La Araucanía que acogió una reclamación interpuesta contra la resolución que acepta y rechaza candidaturas al cargo de alcalde y concejales del Director de Servicio Electoral de La Araucanía, en la parte que acepta la declaración de candidatura a alcalde de Carlos Barra, por el Pacto Chile Vamos, Renovación Nacional, en la comuna de Pucón.

En su oportunidad, el TER señaló que la nueva ley debe respetar los derechos adquiridos, pero no lo que son solo expectativas de adquirir un derecho; además, la doctrina administrativa contemporánea ha hecho ver que en derecho público existen derechos adquiridos que las leyes posteriores deben acatar. En consecuencia, las leyes de derecho público pueden tener efecto retroactivo, este criterio sí se aplica, excepcionalmente, a las normas que tienen como objetivo la realización directa de objetivos de bien común, como sucede con las reglas que organizan el sistema político. En estos casos debe prevalecer el bien público, sobre los intereses individuales. En definitiva, concluyó, lo razonado por la reclamante es correcto, en cuanto a la letra y el espíritu de la modificación introducida a la Carta Fundamental, esto es, limitar la reelección de autores que índice, entre ellos los alcaldes.

Por su parte, el recurso arguye que la resolución recurrida yerra porque confunde instituciones de derecho público y extrapola los parámetros de la restricción legal más allá de lo establecido en la reforma constitucional, llevándola a extremos no deseados por el Constituyente ni permisibles en derecho público.

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