El Consejo Constitucional de Francia declaró que las reformas realizadas por la Ley N°2019-810 al Código de Comunicaciones Postales y Electrónicas, con el fin de evitar los riesgos de espionaje, piratería y sabotajes que puedan derivar de las nuevas funcionalidades que ofrece la red 5G para proteger la defensa y la seguridad nacional de Francia son conformes a la Constitución.
La norma aprobada regula el funcionamiento de dispositivos, operadores y servicios que puedan atentar contra la defensa y la seguridad nacional de Francia, sometiendo a la autorización del Primer Ministro el funcionamiento de dichos dispositivos dentro del país, debiendo considerar el nivel de seguridad de los dispositivos y si el control de los datos está en manos de operadores que se encuentren fuera de la Unión Europea.
La iniciativa conocida coloquialmente como la ley “anti-huawei” fue impugnada por las empresas de telecomunicaciones Société Française du Radiotelephone (SFR) y Bouygues Telecom, que acusaron que el proyecto de ley es contrario al principio de igualdad ante las cargas públicas que asegura la Constitución y vulnera su garantía a desarrollar libremente una actividad económica.
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El Consejo Constitucional declaró que el proyecto de ley se encuentra conforme a la Carta Fundamental, al estimar que corresponde al legislador establecer los límites a la libertad empresarial, los que se pueden justificar en razones de interés general como la defensa y la seguridad de la Nación siempre que no resulten desproporcionados.
A consecuencia de esta normativa, SFR y Bouygues Telecom deberán retirar miles de antenas de red móvil 5G que habían sido instaladas a lo largo del territorio francés, sin contemplar el proyecto de ley una indemnización del Estado hacia los operadores de dichas redes.
Vea texto íntegro (en francés) de la sentencia Consejo Constitucional Francés N°2020-882.