Por unanimidad.
TC declara admisible inaplicabilidad deducida por la U. de Chile contra normas que la obligarían a entregar registro histórico de dominios en NIC.cl
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El Tribunal Constitucional ha declarado la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 3°, 4°, 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letras a), b), c) y d); 15 y 28, inciso segundo; de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
Los preceptos impugnados señalan qué actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado son públicos, así como el derecho de acceder a las informaciones contenidas en ellos. El artículo 28, inciso segundo, inhibe a la Administración, del derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones la resolución del CPLT, que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado. Por otro lado, las normas cuestionadas de la Ley N° 19.628, dicen relación con el tratamiento de datos personales.
La gestión pendiente incide en un proceso contencioso administrativo, sobre reclamo de ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en los que la Universidad de Chile impugna la decisión de amparo del CPLT en que requiere a la casa de estudios entregar al reclamante el registro histórico con el nombre de todos los dominios actuales y eliminados en nic.cl, con indicación n de la fecha de creación, de eliminación, servidor de nombre DNS, país emisor de la certificación, y demás datos solicitados referidos a personas jurídicas, en su calidad de titulares del dominio, contacto comercial y contacto técnico; a saber, su RUT, giro o actividad, dirección comercial, correo y número registrado. En el caso de los dominios eliminados y la información relativa al servidor de nombre DNS y país emisor de la certificación, se le ordena la entrega en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.
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