El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, envió la ley de eutanasia, recientemente aprobada, al Tribunal Constitucional, por lo que la norma se encuentra bloqueada en espera de una «fiscalización preventiva».
La postura del reelegido mandatario se puso de manifiesto en cuanto recibió en su mesa del Palacio de Belém el decreto que sacó adelante la Asamblea de la República el pasado 29 de enero. Así, Rebelo de Sousa efectúa un movimiento que compromete seriamente la aplicación de la regla que despenaliza la muerte médicamente asistida.
El presidente evita entrar en la argumentación centrada en el derecho a la vida, pero en cambio subraya «la subjetividad de criterios» que exhibe el diploma legal. Además, cree que en absoluto se trata del contexto más oportuno para impulsar una normativa de estas características, toda vez que la cifra oficial de muertos por el devastador covid-19 alcanza ya los 16.000 en una nación que apenas supera los 10 millones de habitantes.
Rebelo de Sousa cree que la ley utiliza conceptos «excesivamente indeterminados» en la «definición de los requisitos de permiso de la despenalización de la muerte médicamente asistida» y por eso decidió pedir que se revise su constitucionalidad, informó en un comunicado publicado en la página oficial de Presidencia.
La ley despenaliza la eutanasia para casos de mayores de edad, sin enfermedades mentales, en situación de sufrimiento «duradero e insoportable» y con «lesión definitiva de gravedad extrema» o «enfermedad incurable y fatal».
Estos son algunos de los conceptos que han suscitado las dudas de Rebelo de Sousa, católico confeso, que nunca llegó a revelar su posición sobre la eutanasia pero que aseguró que sus convicciones personales no determinan sus decisiones a la hora de promulgar o no una ley.
La interpretación de estos conceptos queda en manos de los profesionales médicos, señala el presidente en su escrito al Constitucional, donde considera que esto «crea una situación de inseguridad jurídica que habría que evitar en una materia tan sensible».
El Constitucional deberá ahora revisar la norma y valorar si alguno de sus artículos supone una violación de los derechos y principios recogidos en la Carta Magna.
Es la segunda vez que Rebelo de Sousa remite una ley al Constitucional desde que asumió la jefatura de Estado, en 2016.
La primera vez fue en 2019, cuando pidió que revisase las alteraciones a la ley sobre la procreación médicamente asistida y la gestación subrogada.
El tribunal declaró inconstitucionales algunos puntos y el presidente terminó vetando esa ley.
El jefe de Estado de Portugal, país con régimen semipresidencialista, puede remitir normas al Constitucional o también ejercer poder de veto, «absoluto» para las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y «relativo» si proceden del Parlamento.
Si la ley de la eutanasia finalmente es promulgada, Portugal será el séptimo país del mundo en despenalizarla, tras los casos de España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia.
Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la ley portuguesa establece que la decisión final será evaluada por un comité de expertos y solo podrá practicarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La propuesta salió adelante, tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento debido a la pandemia.
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La actuación presidencial ha sido elogiada desde diversos sectores, especialmente desde la Conferencian Episcopal Portuguesa. De hecho, los obispos lusos ya habían manifestado su «tristeza e indignación» por la norma que se aprobó a finales de enero, gracias a los votos del Partido Socialista, de 14 diputados del conservador PSD, del Bloco de Esquerda, del Partido Animalista, de los Verdes y de Iniciativa Liberal.
Se pronunciaron en contra nueve parlamentarios socialistas, 56 del PSD y todos los del CDS (Centro Democrático y Social), Chega (equivalente a Vox) y el Partido Comunista.