El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 33, N° 2, de la Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión.
La gestión pendiente incide en proceso Contencioso Administrativo, sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Santiago, en el que el requirente, Canal 13, fue sancionado por el CNTV con una multa equivalente a 50 Unidades Tributarias Mensuales, por una supuesta infracción al art. 1º de la Ley 18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión, al no respetar el principio del “correcto funcionamiento” con motivo de un reportaje del noticiero Teletrece de fecha 20 de abril de 2020 en que se entrevistó a dos ciudadanos adultos de nacionalidad haitiana que vivían en un cité con muchos contagiados de COVID 19, sin ocultar el rostro de los entrevistados.
Al efecto, cabe recordar que el canal requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y, en específico, el principio de proporcionalidad, toda vez que la multa en cuya virtud se impuso a CANAL no contempla criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar en forma proporcional el monto de la multa a ser aplicada, por lo que el agravio generado a CANAL 13 sólo puede ser reparado mediante la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma por inobservancia de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República. El análisis en abstracto del artículo impugnado lleva a la conclusión de que reúne las características de un artículo que permite e incentiva la discrecionalidad del CNTV y el ejercicio abusivo y/o discriminatorio del ius puniendi estatal. De esta manera, el requerimiento agrega que la eventual afectación del bien jurídico protegido por la Ley N° 18.838 por parte de CANAL 13 es muy menor en atención a la falta de dolo o intencionalidad, la falta de norma legal que prohíba la conducta sancionada, el carácter meramente formal o de peligro abstracto de la conducta reprimida que se traduce en un daño meramente potencial o hipotético al bien jurídico protegido por lo que en ningún caso se justifica la imposición de una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada por el término de diez días. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 10436-21.