Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la empresa de electricidad por los cobros excesivos e injustificados de consumo de energía que habría registrado la residencia de la recurrente.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la empresa de electricidad Enel Distribución Chile SA por los cobros excesivos e injustificados de consumo de energía que habría registrado la residencia de la recurrente.

La sentencia sostiene que del análisis de los documentos aportados por las partes, las alegaciones de la recurrente y lo informado por la recurrida, es posible sostener que esta última, no ha logrado explicar la considerable alza del monto del servicio eléctrico cobrado a la unidad que habita la actora durante los meses de julio, agosto y noviembre de 2020, ni la forma en que ha llegado a sus quantum, situación que torna su actuar en arbitrario, puesto que a pesar de las solicitudes de la recurrente y de los informes solicitados por esta Corte, ENEL S.A. se ha limitado a dar explicaciones según la experiencia del comportamiento ‘general’ de sus clientes, sin demostrar la efectividad de sus afirmaciones y mucho menos la razón fáctica que justifica el llamativo aumento en los cobros de las cuentas de consumo de electricidad de la recurrente.

La resolución agrega que en efecto, durante los meses de julio, agosto y noviembre de 2020 ENEL S.A. exigió a la actora el pago del servicio básico de electricidad por un monto asociado a un consumo en Kwh que no ha logrado explicar en términos adecuados, más aun considerando que se trata en este caso de un domicilio particular emplazado en un departamento pequeño, en que no se contaría con aparatos eléctricos capaces de generar el consumo que aparentemente sustentan dichos cobros, los que del modo antes referido aparecen, consecuentemente, caprichosos e infundados, evidenciándose, con ellos, la afectación del derecho de propiedad de la actora, motivo por el que se acogerá la presente acción cautelar a objeto de adoptar de inmediato las providencias que se juzgan necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.