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Igualdad ante la ley.

Empresa solicita se declare inaplicable norma que exige que, para matricular una nave pesquera en Chile, su propietario sea chileno.

La aplicación del precepto impugnado resulta absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros, que no se funda en ningún motivo razonable y que hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.

26 de abril de 2021

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 11, inciso segundo del D.L. N° 2.222, de 1978, que sustituye la Ley de Navegación.

El precepto impugnado establece, en síntesis, que para matricular una nave en Chile, se requiere que su propietario sea chileno y que se cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, si el propietario de la nave fuere una sociedad, se requiere que la mayoría del capital social pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas. Además, el artículo objetado contempla la posibilidad de matricular naves especiales pertenecientes a personas naturales o jurídicas extranjeras, sin perjuicio de que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante podrá, por razones de seguridad nacional, imponer a estas naves normas especiales restrictivas de sus operaciones.

La gestión pendiente incide en un juicio de nulidad de derecho público seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso, en el que la empresa requirente demandó al Fisco de Chile y a DIRECTEMAR, impugnando resoluciones de dicha Dirección que autorizaron naves especiales, pero imponiéndole normas que restringen su operación. Además, impugna otras resoluciones de DIRECTEMAR que multa a la empresa requirente y cancela las matriculas de las naves mencionadas.

La empresa requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se produce una discriminación arbitraria y carente de razonabilidad entre la empresa requirente y las demás personas jurídicas chilenas, a pesar de que una y otras se encuentran en idéntica situación jurídica. Ello, porque la aplicación de la norma impugnada en la sentencia definitiva podría llegar a determinar que se declare que los actos administrativos impugnados son ajustados a derecho, manteniéndose vigentes estos actos que han producido, en los hechos, la aplicación de dos sanciones administrativas a la requirente por un mismo hecho, y la eliminación de dos naves de su dominio  del sistema registral, en lo que constituye un verdadero cercenamiento de su derecho de propiedad. Todo ello, sin más razón que la nacionalidad extranjera de uno de sus accionistas. En consecuencia, la aplicación del precepto impugnado resulta absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros, que no se funda en ningún motivo razonable y que hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.

La sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°10.778-21.

 

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