Tribunal Supremo de España determinó que el derecho de la defensa a conocer el contenido de las actuaciones excluye la investigación policial desarrollada antes del inicio del procedimiento judicial.

La Sala Segunda del Tribunal supremo rechazó los recursos de casación que presentaron dos personas condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 8 años de prisión por un delito contra la Salud pública, estableciendo en una sentencia el contenido y los límites del derecho de defensa.

El máximo Tribunal español determinó que no existe un derecho a conocer la investigación policial desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento judicial. El fallo considera que solo son susceptibles de reclamos estas investigaciones de la policía cuando la defensa presente indicios de que concurren circunstancias que pueden afectar a la validez de la prueba en el procedimiento, o que pueden influir en su calidad, en su credibilidad o en su fuerza incriminatoria.

En sus alegaciones los recurrentes denunciaban la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, por habérseles negado el acceso a la investigación realizada por el grupo de blanqueo de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que dio lugar a la posterior detención de los dos recurrentes como presuntos responsables de un cargamento de cocaína que se intervino en su poder.