CGR dictamina que los trámites de carácter personalísimo no admiten representación y se debe comparecer personalmente.

Una persona de nacionalidad marroquí consultó a la Contraloría General de la República respecto a si los apoderados que cuentan con un mandato administrativo otorgado en virtud del artículo 22 de la ley N°19.880, pueden comparecer y actuar en representación de personas extranjeras ante la Policía de Investigaciones de Chile -PDI-, cuando estas deban realizar cualquier gestión o se encuentren sometidas a cualquier procedimiento de naturaleza migratoria ante dicha autoridad policial. Lo anterior, por cuanto no se le habría permitido al apoderado de su representada asistir en su lugar a una citación en las dependencias de esa entidad policial.

Requerido informe, la PDI manifiesto que la señora Ragoub actualmente se encuentra residiendo en forma irregular en el territorio nacional, ya que no cuenta con ninguna visa otorgada y, además, mantiene una medida de expulsión vigente en su contra, la que le fue debidamente notificada en su oportunidad. Agrega que, en razón de lo anterior, se citó a concurrir a la aludida extranjera a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, a objeto de recabar información respecto de su persona y situación migratoria, y que en ningún caso se desconoce la legitimidad del poder de su apoderado sino que independiente de este, la asistencia de aquella es imprescindible por cuanto los trámites administrativos que mantiene pendientes son de carácter personal y presencial, sin perjuicio que pueda ser acompañada por su mandatario, circunstancia que le fue comunicada mediante correo electrónico.

En su dictamen, el ente contralor señala que, a la PDI le corresponde controlar el ingreso, permanencia y la salida de las personas del territorio nacional, pudiendo solicitar la información que estime necesaria para acreditar la calidad migratoria de un extranjero.