Iniciativa exclusiva del Presidente: Quien detenta la responsabilidad detenta la iniciativa, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La actual Constitución Política incorpora en el artículo 65 el principio de iniciativa exclusiva del Presidente, el cual considera que sólo el Presidente de la República tiene la potestad de impulsar nuevas regulaciones en materias relacionadas con la división política o administrativa del país; la administración financiera o presupuestaria del Estado; la determinación de remuneraciones de la administración pública y las remuneraciones mínimas en el sector privado, las bases que sirvan para determinar las remuneraciones; bases de la negociación colectiva y seguridad social tanto en el sector público como en el sector privado; entre otras. Bajo este principio, los parlamentarios no pueden presentar mociones o proponer indicaciones en aquellas áreas incluidas dentro de estas materias.

El diseño y contenido de la Constitución en esta materia no es irrelevante, señala la publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, pues para que sea viable en el tiempo y eficaz en los objetivos perseguidos, la economía y la Constitución deben estar conectadas hacia la consecución del objetivo final que es el bien común. Sin duda, la iniciativa legislativa exclusiva y las materias que abarca, son parte fundamental de este engranaje al ubicar a la estabilidad macroeconómica como elemento indispensable para alcanzar el bien común.

Agrega la publicación, que nuestra propia historia nos ha enseñado que sin responsabilidad fiscal y con un mercado laboral rígido y distorsionado es imposible alcanzar la estabilidad económica y social, y así lo entendieron en Chile gobiernos de distintas tendencias, de allí que esta atribución tenga una justificación histórica de larga data, donde gobiernos y partidos de distintos signos políticos han contribuido al actual catálogo de materias que hoy se reservan al Ejecutivo, considerando nuestra propia experiencia económica y jurídica.