La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 3 y 9 de la Ley N°21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile.
El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa, que “Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, los tribunales ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. En estos casos, los tribunales respectivos deberán postergar la realización de dichas diligencias y actuaciones judiciales para la fecha más próxima posible, posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso”.
Por su parte, el artículo 9 de la misma ley, señala que “En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19. En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le otorga”.
La gestión pendiente incide en un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Arica, en el que la requirente afirma no haber podido acompañar medios de prueba documentales en la causa en la que se le imputan 8 delitos, pues el sistema de la Oficina Judicial Virtual no es capaz de soportar el volumen de dichos medios de prueba para la preparación del juicio oral en lo penal.
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La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que los medios tecnológicos de los cuales dispone la Oficina Judicial Virtual no son de suficiente capacidad para soportar el volumen de los medios de prueba documental y pericial de los cuales esa parte pretende hacer valer como medios de prueba para la preparación del juicio oral. Considerando que en las normas atingentes del Código Procesal Penal se exige para la preparación del juicio oral que las partes tengan a la vista los medios de prueba de los cuales pretende hacerse valer la contraria para efectos de poder realizar su debida inspección y conforme al mérito de autos formular las exclusiones que estimen pertinente a dichos medios, esa parte se ve imposibilitada, por un lado, de provisionar oportunamente dichos medios en el contexto de una audiencia de tipo telemática, y, por otra, se ve importunada en la posibilidad de ejercer el derecho a la revisión por vía presencial y sobre la base de aquello excluir la prueba que estime atingente respecto de Fiscalía como parte querellante.
El requirente alega que lo anterior importa cercenar y socavar el derecho a la defensa que la ley le reconoce, sin perjuicio de que además, y a la luz de lo fallado por el Tribunal Constitucional, importa la imposibilidad que su defensa privada pueda interactuar en tiempo real con su representado respecto de la prueba y los fundamentos de la prueba que pretenda ofrecer la contraria, lo que entorpece y disminuye las posibilidades de poder ejercer la facultad de exclusión a la prueba de manera asertiva, conforme a la calidad y cantidad de prueba que debe rendirse en este procedimiento y que se vislumbra desde ya del sólo mérito de la acusación y querella.
La Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional confirió traslado a las demás partes de la gestión pendiente por el término de diez días antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°10.734-21.