Decreto presidencial que prohíbe clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires por alza de contagios de COVID-19 es declarado inconstitucional.

La Corte Suprema de Argentina acogió la acción de inconstitucionalidad deducida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra del artículo 2º del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, que declaró la suspensión de las clases y actividades educativas presenciales en todos los niveles, y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril de 2021 en la totalidad del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La recurrente sostuvo que el decreto impugnado vulnera el derecho a la educación primaria consagrado en el artículo 5º de la Constitución, y el artículo 129º de la Carta Fundamental que consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Además, consideró que la adopción de medidas sanitarias en el ámbito de la CABA se encuentra reservadas al jefe de gobierno y no al Poder Ejecutivo Nacional. Por otra parte, alegó que la suspensión es contraria al principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, toda vez que dicha medida no se encuentra fundada en datos empíricos ni científicos.

El máximo Tribunal señaló que en un sistema federal la asignación de competencias no puede implicar una subordinación de los estados al gobierno central, sino que debe existir una relación de coordinación y cooperación tendiente al bien común. El fallo recuerda la importancia del principio de “buena fe federal” conforme al cual el conjunto federado debe coordinarse y concertarse armónicamente, evitando los abusos de las competencias de un Estado en detrimento de los otros. Luego, puntualiza que a partir de la reforma constitucional del año 1994 que incorporó el artículo 129º, la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser un actor pleno del sistema federal, constituyéndose como “ciudad constitucional federada”.