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Primera Sala.

Solicitan inaplicabilidad de norma que autoriza realizar remates de inmuebles por videoconferencia.

Se infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que este tipo de actuaciones de video conferencia agravan los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, debido a la colusión de los postores que resulta incontrolable mediante la interconexión.

18 de mayo de 2021

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, la parte dispositiva del Auto Acordado N°13 de la Corte Suprema de fecha 11 de enero del 2021.

Específicamente, el precepto impugnado establece, en lo pertinente, que podrán realizarse “remates judiciales de bienes inmuebles, ante tribunales, mediante el uso de video conferencia”.

La gestión pendiente incide en un proceso civil, seguido ante el Juzgado de Policía Local de El Bosque, en el que se fijó fecha de remate por videoconferencia, mediante la plataforma “Zoom”.

El requirente estima que se infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que este tipo de actuaciones de video conferencia, agravan los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, por la colusión de los postores que resulta incontrolable a través de la interconexión. Lo principal en todo remate es la libre puja, que garantiza la transparencia y el resguardo del acreedor y deudor para obtener el mayor precio posible de venta. Un remate por Zoom presenta varios inconvenientes, pues los postores deben tener activa su clave única del estado y contar con los elementos tecnológicos y de conexión necesarios para participar. El debido proceso se vulnera, por cuanto los postores deben efectuar un depósito en el BancoEstado, que corresponde al comprobante de la garantía y ese depósito tampoco queda sujeto a control de veracidad por la calidad de la imagen como por la cantidad de garantías dentro del plazo fijado en las bases. Además, para obtener este documento el interesado expone su salud por sus actos presenciales. Así, todos estos hechos, limitan a muchos interesados en participar, lo que atenta a un justo precio del bien a subastar y el tribunal pierde su eficacia y autenticidad en el control de la documentación que recibe.

Aceptar que un remate judicial se efectúe en estas condiciones, trae efectos totalmente indeseables y discriminatorios, tales como que el sujeto con mayores capacidades económicas tenga mejor acceso a  internet y pueda tener en definitiva mejor conectividad, a diferencia de otro con el mismo interés de participación, pero con menores conocimiento o infraestructura técnica no tenga la misma capacidad para participar por video  conferencia y cumplir con las exigencias que le impone la nueva  reglamentación estatuida en el Auto Acordado.

La sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°10.959-21.

 

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