Asunción de nuevas autoridades edilicias.

Con motivo del cambio de autoridades municipales de este año, la Contraloría General en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha estimado necesario recordar algunos aspectos relevantes a considerar para el debido cumplimiento de la función pública en el ámbito comunal.

De acuerdo al principio de probidad administrativa, dispone que los alcaldes y concejales, en el ejercicio de sus cargos, deben abstenerse de realizar actividades políticas partidistas, toda vez que los empleos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad. Añade que los alcaldes deben someterse especialmente a los principios de juridicidad y probidad, arbitrando las medidas tendientes a que la actuación de los distintos agentes municipales se desarrolle dentro de la normativa vigente.

Asimismo, hace hincapié en que el ejercicio de la facultad de dictar ordenanzas municipales debe sujetarse estrictamente al marco fijado por el ordenamiento jurídico, no pudiendo imponer menores o mayores exigencias que las previstas en las leyes y reglamentos pertinentes. En su defecto, sería un actuar contrario al principio de juricidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y 2 de la Ley 18.575.