CIDH llama a los Estados a adoptar medidas que aseguren la protección integral de los derechos humanos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección ante los nuevos y persistentes retos en la región.

Con ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa la persistencia de desafíos y la intensificación de nuevos factores que demandan la protección y garantía de los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y con necesidades de protección en la región. En ese sentido, la CIDH llama a los Estados de la región a adoptar medidas a partir de un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad que aseguren la protección integral de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección.

Durante los últimos años, la CIDH ha observado un aumento en los movimientos migratorios mixtos a gran escala en la región, provenientes principalmente desde de Centroamérica, México y Venezuela. Factores como el deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la violencia generalizada, el crimen organizado, y la violencia de género, estarían provocando que las personas se desplacen en busca de algún tipo de protección con más frecuencia. De manera reciente, también se ha advertido con preocupación un aumento en los movimientos de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados con necesidades de protección. Asimismo, se observa el surgimiento de nuevos factores de desplazamiento que convergen para la formación de movimiento migratorios mixtos a gran escala, vinculados a dimensiones sociales y políticas, así como a los efectos directos de la emergencia sanitaria y de factores climáticos, lo que resultaría en nuevos desafíos de protección para los Estados.

En este contexto, mediante comunicado de prensa del 1 de abril de 2021, la CIDH resaltó que persisten medidas estatales tendientes a: 1) externalizar el control migratorio; 2) desplegar las fuerzas armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza; 3) aumentar la aplicación de la detención migratoria, y procedimientos de deportación o expulsión que no aseguran las garantías del debido proceso; y 4) limitar el acceso a los territorios de los Estados y a procedimientos migratorios, de asilo o de protección internacional, especialmente utilizando la pandemia y las medidas de respuesta como justificación. Dicha situación también habría sido advertida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al señalar que las preocupaciones relacionadas con las devoluciones de personas en situación de movilidad se incrementaron con la militarización de las fronteras y el aumento de movimientos irregulares.