En el 142º periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana celebró audiencias públicas de seis casos contenciosos; audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias y medidas provisionales; deliberó sobre tres sentencias y trató diferentes asuntos administrativos.

Dentro de su actividad más relevante, destaca la deliberación de sentencias en tres casos contenciosos, las que serán notificadas próximamente.

El primero de ellos es el caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador, relacionado con la presunta destitución arbitraria de un capitán de Puerto de la Fuerza Naval de Ecuador, y de la presunta falta de garantías judiciales en el proceso sancionatorio de destitución y el proceso penal militar por delitos “contra la fe militar” que se siguió en su contra.

El segundo corresponde al caso Moya Solís Vs. Perú, referido a la supuesta vulneración, entre otros derechos, del debido proceso y el derecho a la defensa, en el marco de un proceso administrativo sancionatorio que culminó con la destitución de la presunta víctima de su cargo de secretaria Judicial del un juzgado laboral del Perú.

El tercero es el caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela, el que se refiere a las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, por parte de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón de Venezuela. En este caso se alega la vulneración de los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas, y la vulneración del Estado de Venezuela de sus obligaciones de investigar posibles hechos de tortura.

Por otro lado, la Corte deliberó sobre la solicitud de Opinión Consultiva relativa a la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, realizó audiencias públicas de casos contenciosos, entre otros, en los casos Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador; Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala; Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú; y Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile.

Este último dice relación con la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, a la propiedad privada y a la protección judicial por el incumplimiento de 13 sentencias judiciales dictadas en favor de 848 profesores chilenos que ordenaron a distintas municipalidades pagar a los profesores una indemnización como consecuencia del traspaso de profesores al sector privado. El caso se refiere a la popularmente conocida “deuda histórica”.

El próximo periodo ordinario comenzará el 17 de agosto y culminará el 10 de septiembre del año 2021.

Vea texto íntegro del comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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