Debido proceso.
Normas que facultan al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal se impugnan ante el Tribunal Constitucional. Infringirían el derecho a la acción penal.
Se le impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 248, letra c); y 259 inciso final, ambos del Código Procesal Penal.
El primer precepto impugnado establece, en síntesis, que se autoriza al Ministerio Público para adoptar la decisión de no perseverar en una investigación formalizada. Por su parte, la segunda disposición objetada indica que “La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica”.
La gestión pendiente incide en un proceso penal seguido ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en el que la requirente se querelló por los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y lavado de activos.
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