La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Punta Arenas, que rechazó el recurso de protección interpuesto por el Presidente de la Asociación de Trabajadores Municipales en contra de la Municipalidad de esa comuna, por la dictación del decreto alcaldicio que establece condiciones para el funcionamiento de unidades municipales en cuarentena.
En su libelo, el recurrente sostuvo que el acto impugnado contraviene las instrucciones emanadas de la autoridad sanitaria para el respeto de la cuarentena, pues establece un sistema para la vuelta al trabajo presencial de los trabajadores municipales, sin adoptar medidas de resguardo sanitario suficientes para resguardar la salud de sus funcionarios y del público.
Alega que, el decreto se torna aún más injustificado al establecer que no se atenderá público en las oficinas municipales, por lo que, carece de sentido la obligación de retomar la atención presencial, siendo un riesgo sanitario solo para los funcionarios municipales.
Solicita se deje sin efecto el acto impugnado, por revestir carácter de ilegal y arbitrario, el cual vulnera las garantías constitucionales de los trabajadores municipales, establecidas en el artículo 19 Nº1 de la Carta Fundamental.
Al evacuar su informe, la Municipalidad pidió el rechazo del recurso, por no existir vulneración a las garantías constitucionales en su actuar. Primero, porque el decreto en cuestión no se encuentra vigente, pues la comuna pasó a fase 2, esto es, transición. Segundo, los hechos denunciados no serían efectivos, toda vez que, siempre ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas en materia sanitaria, entre ellas las tendientes a resguardar la salud de los servidores públicos y de la población en general.
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La Corte de Punta Arenas, para rechazar el recurso, tuvo presente que este perdió de oportunidad, toda vez que, el decreto impugnado perdió vigencia, debido al cambio a fase 2, de transición, en la comuna de Punta Arenas, por ende, no existe medida que adoptar.
La Corte Suprema confirmó la sentencia en alzada.
Vea texto de la sentencia Corte Suprema Rol Nº45.033-2021 y Corte de Punta Arenas Rol Nº405-2021.