Silencio administrativo.
CS confirma sentencia que rechazó recurso de protección en contra de SEREMITT, deducido por la dilación en el trámite de una solicitud y su posterior rechazo.
La dilación manifestada en el recurso no es suficiente para obviar los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que se pretende.

La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Chillán, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Ñuble, por la dilación en el trámite y el posterior rechazo de una petición para la creación e inscripción de un recorrido en el Registro de Transporte Público de Pasajeros.
En su libelo, el recurrente expone que, producto de la demora en la tramitación de dicha autorización los plazos legales para que la recurrida se pronunciara al respecto vencieron. Agrega que la autoridad no resolvió el asunto en los plazos legales y solo después de siete meses del ingreso de la petición, obtuvo una respuesta negativa, por lo que sería procedente la aplicación del silencio administrativo positivo.
Por ello estima que la recurrida atentó en contra de diversas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº1, 2 y 21 de la Carta Fundamental; el derecho a la integridad psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita. Solicita se inscriba el servicio en los mismos términos que si fuera una autorización expresa de la misma autoridad.
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