Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Venezuela por ejecuciones extrajudiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Venezuela por la violación a los derechos a la libertad personal, y a la vida de Jimmy Guerrero Meléndez y de Ramón Molina Pérez.

El caso se refiere a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas, cometidas en marzo de 2003 por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón. La CIDH había determinado que existían indicios suficientes y consistentes para establecer la participación estatal en ambas muertes. Además, la Comisión consideró que las víctimas habían experimentado situaciones de profundo miedo antes de su deceso, y que hubo ensañamiento con el cuerpo de Jimmy Guerrero.

En su contestación, el Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad internacional por la vulneración del derecho a la vida y libertad personal, en perjuicio de Jimmy Guerrero, Ramón Molina y sus familiares. Asimismo, expresó que se comprometía a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes. No obstante lo anterior, la Corte estimó que Venezuela no había aceptado de modo explícito todas las alegaciones y habría controvertido en forma directa algunas de ellas, especialmente, aquella relacionada con la violación al derecho a la integridad física de Jimmy Guerrero. La Corte determinó que este reconocimiento producía plenos efectos jurídicos.