Avanzar en el análisis de las indicaciones presentadas fue el tenor de la sesión de la Comisión de Trabajo respecto del proyecto que regula la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en que se desempeñan.
El titular de la instancia legal y autor de estas observaciones, diputado Tucapel Jiménez, explicó que se trata de una medida compleja. En tal plano, anunció que la votación en particular se realizará a partir del 9 de agosto. De este modo, se espera dar paso a una mayor reflexión sobre el tema y la presentación de otras indicaciones por parte de los demás integrantes.
En cuanto a sus indicaciones, puntualizó que se trata de una propuesta equilibrada para perfeccionar el Código del Trabajo en esta materia. “Lo que hay es que se paga gratificaciones por el 25% del sueldo anual de cada trabajador. Eso se mantiene, pero ahí hay un tope de 4,75 veces el ingreso mínimo mensual y el cambio es subirlo a 6, haciéndolo obligatorio”, detalló.
La norma vigente especifica que, para determinar el 25% mencionado, se ajustarán las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan experimentado tales remuneraciones dentro del mismo. Las indicaciones promueven que las micro empresas, que son las que facturan hasta 2.400 UF, queden fuera. A las pequeñas se les dejaría con un 8%; a las medianas, con un 10%; y a las grandes, con un 15% sin descontar el capital.
Precisó que en este caso establecieron un tope de 20 ingresos mínimos mensuales. Si hubiesen utilidades de las empresas a repartir, esto descontaría lo que ya se pagó en el articulo 50 por gratificación (la disposición recién indicada)”.
En relación a otras medidas, explicó que dejaron fueran a las empresas nuevas otorgando un plazo de dos años para adecuarse a este sistema. De igual manera, no se incluyó a los gerentes y subgerentes que tienen sus propios contratos y condiciones diferentes a otros trabajadores.
Observaciones del Ejecutivo
El ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo que la labor de la Comisión, en conjunto con las audiencias recibidas, han ido ilustrado la importancia de revisar la forma en que se pagan o se comparten la utilidades y la necesidad de introducir cambios, tomando en evidencia lo que se ha hecho internacionalmente.
La autoridad estimó que las modificaciones a los porcentajes pueden tener ajustes diferentes, ya que se debe medir el impacto que esta medida puede tener en la competitividad de las empresas y los efectos en la economía.
En ese sentido, manifestó su preocupación por lo que cree un sistema de pago de gratificaciones que no queda sujeto a que haya utilidad o no. “Pareciera ser que esto es a todo evento, incluso si no hay utilidad. Eso nos parece un punto que debe estar sujeto a que haya utilidad”, planteó.
Por otro lado, resaltó el rol que se le asigna al Consejo Superior Laboral en términos de emitir informes sobre la evolución del cumplimiento de la normativa y su impacto sectorial y regional. También respecto de las recomendaciones que pueda hacer al Ministerio del Trabajo para su mantención o modificación. “Nos parece una buena iniciativa, ya que valida al Consejo”, acotó, anunciando su eventual patrocinio a la disposición, al ser una materia de iniciativa del Ejecutivo.
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Dudas parlamentarias
El diputado Andrés Molina apuntó al sistema de medición de las empresas. A su juicio, se comete un error grave ya que no se les mide por patrimonio sino que por venta o número de trabajadores. Dijo que se debe agregar un componente más para entender que sí habrá diferencias entre ellas, para los efectos de repartir utilidades. En tal plano, consideró que se podría desincentivar el crecimiento.
Por su parte, el parlamentario Ramón Barros mostró su preocupación con la cifra de 2400 UF propuesta. Señaló que mucha gente vende esa cifra al año siendo muy pequeñas y, además, con un uso intensivo de mano de obra para llegar a esos niveles de venta.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis Boletín Nº13240