Con disidencia.
Proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago se ajusta a la Constitución, resolvió la Magistratura Constitucional.
Se crea un comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio y obliga a los miembros de dicho comité a realizar una declaración de intereses y patrimonio.

El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad del proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago, correspondiente al Boletín N°13.654-03, luego de que el Congreso Nacional le remitiera copia del proyecto de ley con el objeto de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 3, inciso primero; 4, inciso cuarto, y 7, inciso final.
Las normas sometidas a control establecen lo siguiente: “Artículo 3.- Comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio. Créase el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, en adelante el «Comité», como un organismo de carácter técnico, autónomo, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, cuya función será determinar los límites a las tasas de intercambio aplicables a transacciones con tarjetas, entre emisores y operadores, correspondientes a la venta de bienes o la prestación de servicios por entidades afiliadas en el país, sea que los pagos respectivos se realicen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marca de tarjetas. Artículo 4.- (…) Todos los integrantes del Comité estarán obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, de conformidad al Título II de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Artículo 7.- (…) Los miembros y el Secretario Técnico del Comité deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que estos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de la destitución del cargo.”
Sin perjuicio de que la Cámara de Origen sometió a control sólo la normativa precedentemente transcrita, el Tribunal entró a conocer y emitió pronunciamiento, en control preventivo, respecto de otras disposiciones contenidas en el proyecto de ley, concretamente, sobre los artículos 4, incisos primero y tercero, y 7, inciso noveno, segunda parte.
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