Diario Constitucional

Con disidencia.

Proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago se ajusta a la Constitución, resolvió la Magistratura Constitucional.

Se crea un comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio y obliga a los miembros de dicho comité a realizar una declaración de intereses y patrimonio.

Por Redacción·30 de julio de 2021·9 min de lectura
Tribunal Constitucional
Referencial

El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad del proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago, correspondiente al Boletín N°13.654-03, luego de que el Congreso Nacional le remitiera copia del proyecto de ley con el objeto de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 3, inciso primero; 4, inciso cuarto, y 7, inciso final.

Las normas sometidas a control establecen lo siguiente: “Artículo 3.- Comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio. Créase el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, en adelante el «Comité», como un organismo de carácter técnico, autónomo, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, cuya función será determinar los límites a las tasas de intercambio aplicables a transacciones con tarjetas, entre emisores y operadores, correspondientes a la venta de bienes o la prestación de servicios por entidades afiliadas en el país, sea que los pagos respectivos se realicen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marca de tarjetas. Artículo 4.- (…) Todos los integrantes del Comité estarán obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, de conformidad al Título II de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Artículo 7.- (…) Los miembros y el Secretario Técnico del Comité deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que estos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de la destitución del cargo.”

Sin perjuicio de que la Cámara de Origen sometió a control sólo la normativa precedentemente transcrita, el Tribunal entró a conocer y emitió pronunciamiento, en control preventivo, respecto de otras disposiciones contenidas en el proyecto de ley, concretamente, sobre los artículos 4, incisos primero y tercero, y 7, inciso noveno, segunda parte.

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