El Estado de Chile reconoce su responsabilidad internacional por esterilizar forzadamente a una mujer con VIH y suscribe un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH.

El caso se refiere a Francisca, una mujer con VIH que fue esterilizada sin su consentimiento luego de una cesárea programada. En este contexto, se le practicó forzadamente una esterilización mediante la ligadura de sus trompas de Falopio. Una vez agotados los recursos internos, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la petición ante la CIDH, las organizaciones peticionarias sostuvieron que el Estado no había adoptado las medidas necesarias para prevenir la referida esterilización no consentida como una forma de violencia contra las mujeres, y había fallado en investigar con debida diligencia los hechos. Al respecto, consideraron que se había producido la violación en perjuicio de la víctima de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 17 (protección a la familia), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1 del referido instrumento. Asimismo, alegan la violación de los artículos 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”).

Luego de 12 años, el Estado de Chile reconoció su responsabilidad internacional y accedió a firmar un Acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH. Como consecuencia de este, el Estado deberá reparar a Francisca, además de implementar medidas de no repetición que aseguren a las personas con VIH un acceso a la salud que no los discrimine. Asimismo, deberá ofrecer disculpas públicas a las víctimas, como también emprender acciones que fomenten la educación en materia de derechos sexuales, reproductivos, con enfoque de género y no discriminación de las personas con VIH.