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Ley General de Educación.

Proyecto de ley obliga a sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.

Fue aprobado en general y en particular en primer trámite constitucional por la Sala del Senado y despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley iniciado por moción, patrocinada por la senadora Provoste y los senadores Ossandón, García Ruminot y Latorre, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.

12 de agosto de 2021

Los apoderados tienen derecho a una mayor injerencia en la decisión de renovación de los textos escolares que deben costear con gran esfuerzo para asegurar la educación de sus hijos e hijas, plantean los autores de la moción.

Estos, aseguran, que no es tolerable en nuestro país que año a año, los apoderados deban asumir los costos que representan los libros, la falta de transparencia del proceso de selección de estos textos y el daño medioambiental que genera la renovación constante de estos materiales sin ninguna capacidad de influir en un asunto de tanta relevancia.

Señalan que en nuestro país conviven dos mercados de libros escolares, el estatal y el privado, siendo este último el más cuestionado en relación al alto precio que deben pagar los apoderados cada año.

Agregan que tanto en colegios particulares pagados como en las instituciones particular-subvencionadas que no emplean los textos escolares del Mineduc, se le suele exigir a las familias comprar libros «del año», pese a que en numerosas ocasiones los contenidos cambian de forma mínima.

Al respecto, observan, las autoridades escolares suelen ser aquellas que toman las decisiones relativas a la elección de los textos escolares, faltando en numerosas ocasiones a criterios mínimos de transparencia o participación para con el resto de la comunidad escolar.

Se vuelve necesaria entonces una regulación de los textos escolares a utilizar, otorgándole más facultades a los padres y apoderados en el proceso de renovación de los libros escolares, respetando los contenidos establecidos en el proyecto educativo de los establecimientos.

La iniciativa modifica  la ley 20.370, General de Educación, para incorporar a la letra f) de su artículo 10, los siguientes párrafos:

«Los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados, que, por razones fundadas, no utilicen textos escolares gratuitos proporcionados por el Ministerio de Educación, estarán obligados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para proceder a la renovación de los textos escolares que en su proceso educativo utilizan los alumnos y alumnas.

Del mismo modo, los sostenedores de establecimientos particulares pagados deberán requerir el acuerdo a que refiere el párrafo anterior para proceder a la renovación de los textos escolares que en su proceso educativo utilizan los alumnos y alumnas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, ambos tipos de establecimientos podrán prescindir de este acuerdo cuando el Ministerio de Educación disponga cambios en los contenidos curriculares que impliquen necesariamente una reforma de los textos de estudio”.

 

Vea texto de la moción, discusión y análisis del proyecto de ley  Boletín N°11.778-04.

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