Ley General de Educación.
Proyecto de ley obliga a sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.
Fue aprobado en general y en particular en primer trámite constitucional por la Sala del Senado y despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley iniciado por moción, patrocinada por la senadora Provoste y los senadores Ossandón, García Ruminot y Latorre, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.
Los apoderados tienen derecho a una mayor injerencia en la decisión de renovación de los textos escolares que deben costear con gran esfuerzo para asegurar la educación de sus hijos e hijas, plantean los autores de la moción.
Estos, aseguran, que no es tolerable en nuestro país que año a año, los apoderados deban asumir los costos que representan los libros, la falta de transparencia del proceso de selección de estos textos y el daño medioambiental que genera la renovación constante de estos materiales sin ninguna capacidad de influir en un asunto de tanta relevancia.
Señalan que en nuestro país conviven dos mercados de libros escolares, el estatal y el privado, siendo este último el más cuestionado en relación al alto precio que deben pagar los apoderados cada año.
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