Covid-19.
Tribunal Supremo de España confirmó la decisión del Tribunal Supremo de Castilla que rechazó las medidas adoptadas por el gobierno autónomo para enfrentar la pandemia.
Se obligaba a los empleados de residencias de mayores a hacerse pruebas periódicas de antígenos y PCR.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que denegó las medidas adoptadas por el gobierno autonómico para la gestión de la pandemia, entre ellas, la imposición dirigida a todos los trabajadores de residencias de mayores de someterse a pruebas periódicas de diagnóstico para verificar la existencia de infección por Covid-19.
El Tribunal Supremo refirió que no existía información suficiente para que el Tribunal de Castilla hubiese podido efectuar un examen de proporcionalidad sobre una medida que afecta el derecho fundamental a la intimidad de los empleados.
Al respecto, destaca que el informe técnico presentado por la recurrente no recogía datos concretos sobre las residencias y la incidencia del Covid en la mismas, por lo que era imposible efectuar un juicio de necesidad y adecuación de las medidas que se intentaba imponer.
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