El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que denegó las medidas adoptadas por el gobierno autonómico para la gestión de la pandemia, entre ellas, la imposición dirigida a todos los trabajadores de residencias de mayores de someterse a pruebas periódicas de diagnóstico para verificar la existencia de infección por Covid-19.
El Tribunal Supremo refirió que no existía información suficiente para que el Tribunal de Castilla hubiese podido efectuar un examen de proporcionalidad sobre una medida que afecta el derecho fundamental a la intimidad de los empleados.
Al respecto, destaca que el informe técnico presentado por la recurrente no recogía datos concretos sobre las residencias y la incidencia del Covid en la mismas, por lo que era imposible efectuar un juicio de necesidad y adecuación de las medidas que se intentaba imponer.
Si bien el fallo valora la preocupación institucional por tomar todas las medidas que permitan hacer frente a los perjudiciales efectos de la pandemia, considera que “la jurisprudencia ya consolidada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la constatada insuficiencia normativa que condiciona el proceso interpretativo y, sobre todo, la importancia de que el juicio de proporcionalidad descarte cualquier duda acerca de la viabilidad jurídica de las medidas propuestas, laten en el desenlace de nuestra resolución”.
El Tribunal Supremo, señala que esto no es óbice para que se fomenten estas medidas, por medio de una recomendación generalizada, lo que puede contribuir al “razonable objetivo precautorio”.
RELACIONADOS