Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama la atención al Estado de Venezuela por la ausencia de normas y políticas públicas para amparar los derechos de las personas LGTBI.

La CIDH manifestó su preocupación por la ausencia de políticas públicas y de legislación tendiente a garantizar los derechos de las personas LGTBI en Venezuela.

Sobre esta cuestión, expresa que, de conformidad con el Informe Anual 2020 sobre Venezuela, es posible constatar que la labor de defensa de las personas LGTBI ha quedado relegada exclusivamente a organizaciones de la sociedad civil. En relación con ello, refiere que ha recibido de estas información sobre la falta de procedimientos que garanticen el derecho a la identidad de género de las personas trans, no binarias y de género diverso.

Enseguida, reprocha que el Código de Justicia Militar tipifique un delito respecto de la persona militar que “cometa actos sexuales contra natura”, el que establece una pena de 1 a 3 años de cárcel asociada al mismo. Ello, asevera la Comisión, importa criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género, cuestión que contribuye a crear un entorno social hostil propenso a la discriminación y a la violencia en contra de las personas LGTBI y, en definitiva, implica tolerar tácitamente la violencia en contra de este colectivo.