El Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cuatro funcionarios del Registro Civil e Identificación y a un particular, en calidad de autores de los delitos consumados de cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de datos. Ilícitos perpetrados entre 2018 y 2019, en diversas oficinas del servicio.
En procedimiento abreviado, la magistrada aprobó la salida alternativa y las penas propuestas por el Ministerio Público, imponiendo a los funcionarios Rodolfo Miguel Rodríguez Araneda y Marcelo Patricio Segura Guerra 5 años de presidio; y a Darío Hernán Rojas Zúñiga y Marco Antonio Gamboa Vergara, 3 años y un día, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de las condenas, en calidad de autores de los delitos consumados y reiterados de cohecho, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de datos del sistema informático del Registro Civil.
En tanto, Carlos Roberto García Carreño fue condenado a la pena única de 5 años de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de los delitos consumados y reiterados de soborno y falsificación de instrumento público.
Por reunir los sentenciados los requisitos legales, se les conmutó el cumplimiento efectivo de las penas por la libertad vigilada intensiva por el mismo lapso de las respectivas condenas, debiendo García Carreño, Rodríguez Araneda, Segura Guerra, Rojas Zúñiga y Gamboa Vergara “someterse a un tratamiento y observación del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, bajo las condiciones del artículo 17 de dicha ley. El delegado de libertad deberá informar al tribunal periódicamente de la evolución del régimen de libertad dispuesto”.
Según el requerimiento del Ministerio Público, los sentenciados, quienes admitieron responsabilidad en los hechos, acordaron proceder a la adulteración de cédulas de identidad y pasaportes a cambio de sumas de dinero, montos que fluctuaban entre $700.000 y $2.500.000.
En dicho acuerdo, García Carreño actuó como “comisionista”, al encargarse entre septiembre de 2018 y junio de 2019, de “contactar a personas que necesitaran un pasaporte o cédula de identidad falsos, haciendo las coordinaciones necesarias para que fueran a determinadas sedes del Registro Civil y fueran atendidas por los funcionarios con quienes existía el acuerdo. Además, el imputado era el encargado de cobrar las sumas de dinero a los terceros que requirieran los documentos falsos, sumas que a su vez se repartían entre él y los funcionarios del Registro Civil con quienes existía el acuerdo”.
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“El precio cobrado por cada documento fluctuó entre $700.000 y $2.500.000, participando el imputado, de la manera ya señalada, en la falsificación de 30 documentos de identificación. Finalmente, algunos documentos fueron intentados utilizar y otros efectivamente utilizados en el Aeropuerto AMB de la comuna de Pudahuel, por parte de las personas que pagaron por ellos, para así salir del país y poder evadir las prohibiciones de salida de Chile o las prohibiciones de entrada a otros países debido a detenciones o arrestos pretéritos”, añade.
Como consecuencia del procedimiento de falsificación, además, “se alteraron los datos del sistema informático del SRCI, ya que de ahí en adelante, cada vez que se ingrese el RUT de la persona suplantada para cualquier consulta relacionada con la base de datos del SRCI, arrojará la fotografía del suplantador”.