Tardó 21 años.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó caso ante la Corte IDH por la demora del Estado argentino en la resolución del recurso de amparo presentado por el juez Héctor Hugo Boleso.
La CIDH consideró que el Estado de Argentina es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrada en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El caso se refiere a la acción de amparo presentada por Hugo Boleso –quien a la sazón se desempeñaba como juez laboral– en el año 1991. Por medio de este recurso alegó que se había vulnerado su derecho a la “intangibilidad de la remuneración como juez”. La acción fue rechazada en primera instancia, y luego revocada en segunda instancia. En seguida, el Estado de Corrientes interpuso los recursos pertinentes, lo que dilató la tramitación del proceso, el que terminó 21 años después de iniciado, con el reconocimiento de los montos adeudados en favor del solicitante.
La CIDH recordó la importancia de que los procesos relativos a las remuneraciones de los jueces sean resueltos en un plazo adecuado, puesto que ello se relaciona directamente con el principio de independencia judicial.
Por otra parte, considera que el Estado no entregó argumentos razonables para justificar una dilación de esta magnitud para la resolución de un procedimiento de amparo, el que, por su propia naturaleza debe ser expedito. Por ello, concluye que el Estado violó la garantía a la protección judicial y a las garantías judiciales contempladas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
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