Conocido como “Ley Adriana”.
Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general proyecto que previene y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
El proyecto incluye como una obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante. Por ser objeto de indicaciones, el texto volvió a la Comisión de Mujeres para la definición de su articulado.
Garantizar derechos durante la gestación, preparto, parto, postparto y aborto en las tres causales es el objetivo del proyecto aprobado en la Sala de la Cámara. La moción es fruto de un trabajo conjunto con organizaciones ciudadanas unidas en la Mesa por el Parto Respetado.
La norma busca regular, garantizar y promover derechos de la mujer o persona gestante, su bebé, el padre o persona significativa en las diferentes etapas. Así, también, busca garantías en torno a la atención en salud sexual y reproductiva.
El proyecto se rige por los principios de dignidad en el trato, autonomía de las mujeres, privacidad y confidencialidad, respeto por la interculturalidad, interpretación desde los derechos humanos y transparencia de los establecimientos de salud.
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