Reforma Constitucional establece que las personas que mantengan a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el SII como un paraíso fiscal no podrán ejercer cargos públicos de elección.

La moción, ingresada en agosto de 2020 por los Diputados Ascencio, Brito, Monsalve, Saffirio y Soto, modifica la Constitución para establecer que no podrán ejercer los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado, Subsecretario, Gobernador Regional, Senador, Diputado, Director de Empresas Públicas, oficial de las FFAA, de Orden y Seguridad Pública, además de directores de organismos que administren fondos de pensiones o de Instituciones de Salud Previsional y sostenedores de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal, las personas que mantengan a través de sí o de terceros relacionados inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como un paraíso fiscal.

Los autores de la iniciativa señalan que en un reciente estudio encargado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se realizó una descripción de los paraísos fiscales y los criterios, según estándares internacionales, para que un país pueda ser considerado como tal.

Así, constatan que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece los siguientes criterios para considerar un país como paraíso fiscal: