CS aplica máxima sanción a propietarios por intervención de fachada e interior de inmuebles en área típica protegida de La Serena.

La Corte Suprema acogió recurso de casación y aplicó una multa de 200 unidades tributarias mensuales a una sociedad que intervino y modificó fachadas e interior de propiedades ubicadas en área declarada zona típica protegida en la ciudad de La Serena.

La sentencia sostiene que si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado ‘ius puniendi’ del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la sanción penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios del derecho penal en materia de sanción administrativa, no siendo razonable aplicar el plazo de prescripción de las faltas, porque al ser una prescripción de corto tiempo –seis meses– resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos ilícitos y la sanción contemplada en la ley carecería de toda finalidad preventiva general.

La resolución agrega que, por lo demás, las consideraciones que la jurisprudencia y la doctrina han venido formulando acerca de la unidad del poder sancionador del Estado –más allá de las naturales diferencias entre las sanciones administrativas y las penales– y a la necesidad de someter a unas y otras a un mismo estatuto de garantías, sus diferencias no pueden ser dejadas de comprender o soslayar y de ser apreciadas separadamente.