No cualquier dilación en la dictación de un acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada.

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Iquique, y rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Unidad de Análisis Financiero, por cuanto la extensión del proceso administrativo sancionatorio no fue excesiva ni injustificada, siendo improcedente la declaración de ineficacia de todo lo obrado.

La Corte de Iquique acogió la acción, al advertir que “el 12 de junio de 2017, esto es, transcurridos más de seis meses desde la formulación de cargos, el reclamante solicitó al organismo fiscalizador se declarara el decaimiento del procedimiento administrativo, por haber transcurrido un plazo superior al establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, sin que se hubiera dictado resolución de término, alegación que fue resuelta en forma negativa solamente con la dictación de la resolución reclamada de 06 de junio de 2018, en que también se sanciona al reclamante”.

Ante lo cual, estima que “el plazo constatado carece de razonabilidad, y afecta principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración (…), relacionándose con la oportunidad en que se realizan las actuaciones administrativas; demora que también vulnera el principio conclusivo establecido en el artículo 8 de la Ley 19.880, en tanto desvirtúa el fin último del procedimiento administrativo, esto es, que ‘la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad’”.