Diario Constitucional

Sobreseimiento temporal de las acciones judiciales.

Corte de Apelaciones de Arica acoge recurso de amparo de convencional constituyente Hugo Gutiérrez Gálvez.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional presentada por la defensa y anuló todo lo obrado en las causas del Juzgado de Garantía de Iquique, retrotrayendo dichos procedimiento al estado de mantener vigente la resolución que decretó su sobreseimiento temporal.

Por Redacción·27 de octubre de 2021·4 min de lectura
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La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del convencional Hugo Gutiérrez Gálvez y confirmó la resolución que decretó el sobreseimiento temporal de las acciones judiciales, dictada por el Juzgado de Garantía de Iquique, en agosto pasado, y que fue revocado por el tribunal de alzada iquiqueño.

La sentencia sostiene que, del tenor de lo reclamado por el recurrente se desprende que se denuncia una amenaza a la libertad personal del amparado, supuesto que queda subsumido, dentro de la tutela constitucional que prescribe el artículo 21 de la Constitución Política de la República, lo que hace procedente entrar al conocimiento del recurso deducido. En el mismo sentido y respecto de la alegación de los informantes, en el sentido que esta Corte estaría imposibilitada de entrar a conocer lo resuelto por la Sala única de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, se debe señalar que la acción cautelar constitucional de amparo, es autónoma en relación a la resolución que le sirve de fundamento, no alterando el sistema recursivo procesal penal, razones por las que no resulta aplicable a su respecto la ficción del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, precisamente porque se trata del ejercicio de una acción constitucional de tutela, que debe impetrarse directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La resolución agrega que, despejado lo anterior y a fin de resolver la materia sometida a conocimiento de esta Corte, es menester tener en consideración que el artículo 61 de la Constitución Política de la República, dispone: ‘Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente’.

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