Beneficios.
CS acogió recurso de casación el fondo. Frente a una ambigüedad o falta de claridad en las disposiciones legales aplicables, debe preferirse aquella interpretación que sea más favorable al administrado.
El máximo Tribunal resolvió que el demandante cumple con la condición funcionaria para el otorgamiento del incentivo al retiro.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Antofagasta, que confirmó el fallo de primer grado, y en sentencia de reemplazo, acogió la demanda de demanda de declaración de pago de bono de incentivo al retiro de la Ley N°19.882 y beneficio adicional de la Ley N°20.734, deducida en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta.
En su presentación, el actor aseveró que el fallo impugnado infringe lo previsto en los artículos 7 y 7 bis de la Ley N°18.834; 19, 22 y 24 del Código Civil; y las leyes N°18.575, N°18.834, N°18.972, N°19.553, N° 19.882, N°20734, N°20.948 y el DFL N°42 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Ello, porque de haberse interpretado conforme a derecho las referidas disposiciones legales, la Corte de Antofagasta, se habría visto en la obligación ineludible de revocar la sentencia de primera instancia y, declarar que se acogía la demanda de autos, en todas y cada una de sus partes.
La sentenciadora de primer grado, luego de establecer el marco jurídico de los beneficios impetrados en la acción, concluyó que ninguna prueba rindió el actor para demostrar que se le negó el bono de incentivo al retiro por haberse considerado su cargo como de confianza exclusiva, pues no acompañó ningún antecedente de su petición ni de la resolución de rechazo de dicha petición. En igual sentido, resolvió la pretensión relativa al beneficio adicional para ex funcionarios de 395 UF establecido en la Ley N°20.734.
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