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Imagen: eldesconcierto
Impacto ambiental.

Vecinos de Maipú reclaman ante Segundo Tribunal Ambiental por construcción de oleoducto.

El Comité de Ministros, al confirmar la resolución que calificó favorablemente el proyecto lo hizo sin considerar las observaciones ciudadanas sobre contaminación de napas subterráneas destinadas al consumo humano, entre otros riesgos.

25 de noviembre de 2021

Vecinos de la comuna de Maipú recurrieron ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra el Comité de Ministros que confirmó la resolución exenta mediante la cual la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana calificó favorablemente el proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” desarrollado por la empresa Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., destinado a abastecer el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Sostienen que el proyecto impugnado acarrea una serie de peligros para el medio ambiente y la vida de los habitantes de la comuna, afectando napas subterráneas destinadas al consumo humano y genera riesgos de filtraciones, derrames, aluviones o explosiones ocasionadas por su construcción y operación.

Advierten que la Municipalidad de Maipú ha manifestado que “en caso de presentarse una contingencia como un derrame de combustible en el área de influencia del proyecto, este afectaría directamente los pozos de abastecimiento de agua potable de unas 26.000 personas”.

En concreto, afirman que debe corregirse lo resuelto, pues la resolución recurrida carece de motivación suficiente conforme a lo exigido en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, ya que no se hace cargo del hecho de que el proyecto carece de una propuesta adecuada de gestión de riesgos por eventuales derrames, inundaciones, aluviones y explosiones, no es compatible con el plan regulador de la comuna, no se hace cargo de la alteración significativa de los sistemas de vida de los vecinos, ni de los riesgos de contaminación de aguas subterráneas, todo lo cual además contraviene el deber del Estado de asegurar el derecho humano al agua de sus habitantes.

Agregan que “el SEIA no es una herramienta destinada a la aprobación de proyectos, sino que su objetivo declarado es cumplir con el mandato constitucional de proteger y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los derechos asociados al mismo, como, por ejemplo, la salud y últimamente, el derecho humano al agua (derecho estrechamente vinculado al derecho a la vida)”.

 

Vea demanda ante el Segundo Tribunal Ambiental, Rol N°309-2021.

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