Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de El Salvador por la detención, condena y muerte de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de El Salvador por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la salud, en perjuicio de una mujer criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo.

El caso se refiere a una mujer en un avanzado estado de gravidez, analfabeta y de escasos recursos que vivía en una zona rural junto a su familia. Todo comenzó cuando “Manuela”, como fue apodada para proteger su identidad, sufrió una caída que la hizo comenzar el trabajo de parto sola en su casa. Su madre la encontró desmayada y la trasladó a un hospital cercano. La doctora que atendió la urgencia se percató que la paciente tenía todos los síntomas de haber dado a luz a un bebé de pretérmino, pero no había un recién nacido, por lo que realizó una denuncia ante las autoridades judiciales, quienes allanaron la casa, encontrando el cuerpo del recién nacido en una fosa séptica.

Se decretó prisión preventiva en contra de Manuela, quien fue detenida ese mismo día “por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido” y esposada a la camilla donde se encontraba. Luego de enfrentar un proceso penal de solo seis meses, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Para ello, el Tribunal consideró que, el recién nacido tuvo existencia legal pues independiente vivió de diez a quince minutos y murió por asfixia mecánica por obstrucción de la vía aérea superior, por las “heces en las que fue arrojado”, configurando de este modo, la relación causal entre la acción de desprenderse del recién nacido para privarlo de su vida y el resultado conseguido, es decir, su muerte. La sentencia quedó en firme el 26 de agosto de 2008, ya que no se presentó ningún recurso en su contra.