Un particular solicitó a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre las atribuciones de la Municipalidad de Santiago para adquirir elementos de seguridad tales como chalecos antibalas, esposas, bastones retráctiles y dispositivos de gas pimienta orgánico.
Consultada la Municipalidad informó que el objeto de la licitación fue la adquisición de vestuario, equipamiento y elementos de seguridad para resguardar la integridad física de los inspectores municipales que se encuentran capacitados para realizar labores de vigilancia en esa comuna.
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Ante ello, el órgano contralor señala que la Ley N° 18.695 establece las atribuciones e instrumentos mediante los cuales las municipalidades podrán desarrollar funciones relacionadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En su dictamen, la Contraloría tiene “en consideración que, por mandato legal, los municipios tienen atribuciones para desarrollar labores de apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal”, por lo que “no resulta objetable que el mencionado municipio haya decidido adquirir tales elementos en la medida que su empleo se efectúe únicamente para la defensa personal de sus funcionarios, y no como instrumentos para el control del orden público, labor que compete a las fuerzas de orden y seguridad”.