Tribunal Constitucional de Perú resuelve que es deber del Estado diseñar políticas de salud orientadas a combatir la pandemia sanitaria por lo que no se le puede exigir que recomiende el uso del Dióxido de cloro para combatirla.

El Tribunal Constitucional de Perú declaró la improcedencia de la acción que pretendía que el Estado se abstenga de prohibir, impedir o reprimir el uso de dióxido de cloro para combatir el virus Covid-19, así como las investigaciones solicitadas por el recurrente.

El fallo reconoce los efectos negativos provocados por la pandemia en el territorio peruano. No obstante, precisó que corresponde al Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, la adopción de políticas efectivas para resguardar los derechos fundamentales de todas aquellas personas afectadas por la pandemia, pues son los órganos con conocimiento técnico suficiente como para conocer los puntos a favor y en contra de dichas medidas los llamados a seleccionar las políticas públicas a ser implementadas por parte de las autoridades.

En ese sentido, la Corte explica que, ante la posibilidad de que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria ocasionen la restricción de algunas garantías fundamentales, no limita el margen de acción de las autoridades, pues la competencia de la justicia constitucional para enjuiciar y cuestionar estas políticas solo se activará en la medida en que ellas sean irrazonables o desproporcionales para enfrentar la pandemia.