En una reciente publicación del medio español Confilegal, se da a conocer el artículo «»Las demandas colectivas protagonizan la ficción televisiva sobre abogados», por Carlos Berbell director del medio. (*)
El periodista afirma que ‘The Good Wife‘ las ha utilizado en varios de sus capítulos, pero han sido ‘Daños y perjucios‘ (“Damages” en su título original en inglés) y ‘Better call Saul‘ en las que casos de demandas o acciones colectivas conforman la trama de fondo de las respectivas series.
Durante las siete temporadas (2009-2015) que duró ‘The Good Wife’, protagonizada por Julianna Margulies en su papel de Alicia Florick, la serie echó mano de las demandas colectivas en dos capítulos.
Una de ellas se dirigió contra una compañía de ‘software’ que permitía al gobierno sirio ‘desaparecer’ a ciudadanos norteamericanos y la otra era una demanda colectiva contra una empresa farmacéutica.
Sin embargo, ha sido ‘Daños y perjuicios’, interpretada, en su papel principal, por Glenn Close como la abogada Patty Hewes, la que más ha explotado este tipo de casos.
En su primera temporada, que comenzó en 2010, la trama principal fue una demanda multimillonaria presentada por los trabajadores de una gran corporación que había quebrado por los manejos turbios de su presidente, claramente inspirada en Enron.
El segundo año la demanda colectiva se centró en una multinacional acusada de contaminación a gran escala de agua potable, lo que causa muchas enfermedades. Una temática que recuerda mucho a ‘Acción Civil’, la película que protagonizó John Travolta en 1998, basada en un caso real que tuvo lugar en Woburn Massachussets.
Como también guarda reminiscencias con ‘Erin Brockovich’, que le dio el óscar a Julia Roberts en 2001, y que trató el caso de la contaminación del agua producida por las perforaciones de una compañía de gas y electricidad que hacia uso del ‘fracking’ para extraer gas.
Julianna Margulies, en su papel de Alicia Florick, en primer término, y el reparto de ‘The Good Wife’, que tiene lugar en Chicago.
La tercera temporada fue dedicada a un esquema piramidal del estilo de la estafa Madoff, que afectaba a grandes fortunas de Nueva York.
Otra serie televisiva de éxito que ha tomado una demanda colectiva de fondo ha sido ‘Better call Saul’, ‘precuela’ y ‘spin-off’, serie derivada de la celebérrima y superpremiada ‘Breaking Bad’.
‘Better call Saul’ está ambientada en 2002, seis años antes del marco temporal de ‘Breaking Bad’, y cuenta la historia del abogado James ‘Jimmy’ McGuill, al que da vida Bod Odenkirk antes de convertirse en Saul Goodman, el abogado corrupto que ayuda al profesor de química, reconvertido en narcotraficante, Walter White, alias Heisenberg, a lavar su dinero negro.
‘Better call Saul’ comienza con un novato McGuill descubriendo que la empresa que administra la residencia de ancianos de Sandpiper Crossing carga precios prohibitivos por todo a los ancianos.
’14 dólares por un paquete de Kleenex’, y cosas parecidas.
El abogado comienza a indagar hasta comprobar que lo ocultan todo en las facturas mensuales.
El ‘smoking gun’ –la pistola humeante, como llaman en Estados Unidos a la prueba definitiva, cuando se encuentra, de forma metafórica- resulta ser una factura de jeringuillas que habían sido compradas en Nebraska, estado diferente a Nuevo México, que es donde se encuentra la residencia.
Glenn Close como la abogada Patty Hewes, sentada, junto a otro grande de la actuación, John Goodman; el bufete tiene su base en Nueva York.
Esto significa que las actividades de Sandpiper Crossing se han producido en dos estados diferentes y, por lo tanto, se les puede denunciar por lo penal argumentando delitos relacionados con el crimen organizado.
McGill consigue ganarse la confianza de los ancianos, que toma la forma de una querella colectiva, por la jurisdicción penal, con el objetivo de conseguir una indemnización global de 20 millones de dólares de Sandpiper Crossing.
En esta conquista McGill se embarca su hermano Chuck (Michael McKean), un abogado muy bragado y con una mente aguda y brillante que se ve obligado a dejar su puesto de trabajo en el bufete debido a la repentina aparición de hipersensibilidad electromagnética.
Aunque en este caso no es una demanda colectiva, porque no circula sobre la jurisdicción civil sino sobre la penal, la estructura, metodología legal y fines son los mismos: la compensación en nombre de un colectivo de afectados de la que el despacho se lleva una parte, pactada previamente, como pago por asumir la dirección legal y los gastos del procedimiento, lo que se conoce comúnmente como ‘cuota litis’.
A la izquierda Bob Odenkirk, Jimmy McGill en «Better call Saul», «precuela» de «Breaking Bad», en la que cambia su nombre por «Saul Goodman»; la foto pertenece a «Breaking Bad» y aparece con Walter White (Bryan Cranston), «Heisenberg», el profesor de química transformado en narcotraficante.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló, en diciembre de 2008, en una sentencia, que los abogados pudieran pactar libremente percibir honorarios a porcentaje, en función del resultado del pleito.
Hasta entonces, el Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía Española exigía el pago de un honorario mínimo antes del litigio.
El Alto Tribunal declaró dicha prohibición como práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia.
¿QUÉ SON LAS DEMANDAS COLECTIVAS?
Explica Berbell que se denominan demandas colectivas a las que se interponen, por la jurisdicción civil, en nombre de un grupo grande de personas que se han visto perjudicadas de la misma forma por un banco, una corporación o un organismo del gobierno u otra persona.
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En España, en los últimos años, han sido testigos de este tipo de demandas, como las de las preferentes, las acciones de Bankia y las cláusulas suelo de las hipotecas.
El Tribunal Supremo dio carta de legitimidad a las demandas colectivas en octubre de 2015, al revocar una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de finales de 2010.
Los magistrados madrileños habían considerado improcedente la demanda presentada por 89 clientes contra Bankinter por los daños sufridos en la adquisición de preferentes y productos estructurados después de que quebrara Lehman Brothers y los bancos de Islandia.
El Supremo admitió la demanda colectiva “por economía procesal y evitación de sentencias contradictorias”.
(*) Periodista, consultor internacional en comunicación y escritor, está especializado en el campo de la justicia, la investigación criminal y la comunicación institucional.