Recurso de protección deducido por el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, en contra del Ministerio de Educación, por descontar montos con motivo de suspensiones de estudios, se acoge a trámite.

La Corte Suprema revocó la resolución pronunciada por la Corte de Santiago, y declaró admisible la acción de protección deducida por el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, en contra del Ministerio de Educación, por dictar las resoluciones Exentas N°5.729 y N°5.782, y realizar descuentos por suspensiones académicas de estudiantes a los saldos de asignación del Financiamiento Institucional para la Gratuidad correspondiente al año 2021.

En su libelo, la recurrente señala que, el financiamiento institucional para la gratuidad se paga a las instituciones de educación superior a lo largo del año, mediante decretos que establecen la distribución de recursos por dicho concepto. Así, en el pago correspondiente a la asignación 2021, la Subsecretaría de Educación superior decidió aplicar descuentos por suspensiones de estudios, lo que fue informado a través de las Resoluciones Exentas N°5.729 y N°5.782. Reclaman que, en dichas resoluciones se cambió la fórmula para determinar el monto a transferir a las instituciones, desconociendo la normativa vigente, además de utilizar para el cálculo información incompleta.

Respecto de la naturaleza jurídica de la asignación fiscal de gratuidad, señala que es concebida como un mecanismo de financiamiento institucional de educación superior y no a los estudiantes individualmente considerados, siendo éstos uno de los factores claves de su cálculo, pero no para su mantención y utilización por las instituciones. Así, son las instituciones de educación superior las que acceden al financiamiento, los recursos no están destinados al pago de matrículas y aranceles, sino a que las instituciones otorguen un servicio de calidad.